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LA TORTURA. Una reflexión.

Por José Piñera
[10 de Diciembre, 2004; editada el 19 de Julio, 2005]

1. La tortura es un acto abominable. No hay justificación alguna para atentar de esa manera cruel y cobarde contra la dignidad sagrada de la persona humana. Todo torturador viola no sólo el cuerpo, el alma y la mente del prójimo, sino también la ley y los códigos éticos de la civilización occidental.

2. Es evidente que existen relaciones de causalidad entre los eventos históricos. Es un hecho comprobado que la adopción por la izquierda chilena de la vía armada al poder condujo a la violación de la Constitución por el gobierno de Allende, a un estado de guerra civil, al quiebre democrático, al gobierno militar, y a la violencia represiva del estado, incluida la tortura. Por lo tanto, se puede sostener legítimamente que si la izquierda chilena y continental no hubiera despreciado el sistema democrático, no habría habido tortura de origen político en Chile. Eso no es sino razonamiento lógico. La historia no será indulgente, ni siquiera en esta materia, con los que desencadenaron el drama chileno y latinoamericano.

3. Otra cosa muy distinta es intentar atenuar la condena moral a la tortura, como algunos lo han intentado, por haber ocurrido en un "contexto" determinado, sea éste "la Guerra Fría", el combate contra el terrorismo, o incluso la guerra civil. Es verdad que a nivel de enseñanza histórica, se puede confirmar que cada vez que han ocurrido "contextos" violentos y terrorismo ha habido tortura: gobierno británico vs IRA; gobierno español vs ETA; gobierno francés vs resistencia argelina; gobierno norteamericano vs terroristas islámicos, etc., etc. Pero esos "contextos" no son plenamente determinantes, o sea no conducen inevitablemente a la tortura. Entre el contexto y el acto individual, hay una persona con libre albedrío y conciencia, que se puede negar a torturar o a ordenar torturar, que puede resistirse a la presión del grupo enardecido o enceguecido por el odio e incluso las venganzas personales, que puede evitar degradarse él mismo y degradar a su víctima, que, cualesquiera sea su culpa si ella existiere, en ese momento está inerme y debe ser tratada de acuerdo a la ley. Por lo tanto, quien tortura no puede apelar “al contexto” para justificar sus abusivos actos.

4. Esta condena inequívoca a la tortura debe estar basada en principios inconmovibles y universales. Es un avance meritorio que el Ejército de Chile informe a la ciudadanía que ha emprendido una tarea educativa de sus miembros en el campo del respeto a los derechos humanos, aspirando a que “nunca más”, si ocurrieren dramas similares en el futuro, se caerá en las mismas acciones ilegales. Autoridades militares también habrían señalado que jamás la tortura ha sido parte de una "doctrina" del Ejército, sino un acto de responsabilidad individual de los que la ejercieron, aunque en muchos casos con recursos institucionales. Sin embargo, se habría reconocido que se había entrenado en métodos de tortura a algunos comandos para la eventualidad de la captura de tropas enemigas. Aunque el gobierno ha callado frente a esta revelación, mi postura no sólo es que no se puede torturar a ningún chileno, ni siquiera a aquellos que le declararon la guerra a la democracia, sino que --voy más lejos-- no se puede torturar a ningún argentino, peruano o boliviano, ni siquiera en una eventual guerra vecinal. Cuando todos los chilenos aceptemos también esta norma moral, se habrá erradicado definitivamente cualquier apoyo a estos métodos. No es posible compartamentalizar. Si se justifica la tortura en algunos casos o a algunos seres humanos, entonces es débil y frágil la defensa de la vida y la integridad física de todos.

5. Con tristeza y desilusión compruebo que el gobierno Lagos ha escogido en este tema un camino--aquel de las comisiones oficiales--que atenta contra el debido proceso y la justicia. Cualesquiera hayan sido sus intenciones, las que no juzgo, considero que es una fórmula equivocada por, entre otras, las siguientes razones: a) se ha designado discrecionalmente por parte del gobierno de turno una comisión (llamada "Comisión Valech" por la prensa), la cual nace entonces carente del nivel necesario de independencia de sus mandantes; b) miembros claves del staff que habría realizado gran parte del trabajo han demostrado, en declaraciones y entrevistas, un claro sesgo ideológico; c) se han empleado métodos que no tienen valor probatorio, como lo ha destacado incluso Gonzalo Vial Corrrea, prestigioso historiador que fue miembro designado de las dos comisiones anteriores de derechos humanos, y lo ha reconocido el propio ministro del Interior ante la perspectiva de una avalancha de demandas al Estado; d) se ha introducido una recompensa monetaria a todo quien se declare víctima, hecho agravado por la inexistencia de un proceso judicial que acredite esa condición; e) se mantendrá en secreto aspectos claves del trabajo de la comisión, desde ya las identidades de víctimas y victimarios, impidiendo toda posibilidad de una revisión crítica; f) se ha permitido que, apenas conocido el informe y con uso de los significativos de medios de comunicación en manos del Estado o sus aliados circunstanciales, altas autoridades de gobierno y de los partidos políticos que lo sustentan iniciaran de inmediato una ofensiva comunicacional contra personas e instituciones claves, incluyendo la prensa y el poder judicial, debilitando de hecho a los contrapesos indispensables del poder; incluso el diario de gobierno, La Nación, injurió en su portada a los máximos dirigentes de los partidos opositores, así como a otras personalidades (incluyendo a Jaime Guzmán asesinado por la extrema izquierda en 1991); y, g) se ha creado, con uso y abuso del canal de televisión del gobierno (TVN), un clima casi histérico de opinión pública en que negar validez al informe oficial significa un oprobio moral, todo esto en vísperas de la elección presidencial del 2005. En conclusión, el informe de la "Comisión Valech" carece de legitimidad y rigor. El gobierno Lagos desperdició esta oportunidad de haber intentado una visión compartida sobre la verdadera extensión y naturaleza de la tortura en Chile, incluso con una mirada histórica más extensa. Cabe recordar que el histórico Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 incluyó la tortura entre las 20 acusaciones de violaciones de la Constitución y las leyes durante el gobierno de Salvador Allende, y que Chile sigue siendo acusado hasta hoy por distintos informes internacionales de usar la tortura en determinados procedimientos policiales. Todo lo anterior no altera mi convicción, expresada desde hace más de 20 años, de que el proceso de violencia política iniciado en la década del 60 culmino en una represión gubernamental que incluyó la tortura, y que ella debe ser condenada de manera absoluta.

6. Para buscar la justicia, establecer la verdad histórica, e intentar el cierre de este duelo, sugiero tres caminos complementarios: a) Buscar las formulas jurídicas que permitan, en un plazo razonable, esclarecer o cerrar los casos de tortura de la única manera posible en una sociedad civilizada: por los tribunales de justicia a través de un debido proceso. El tiempo transcurrido significa una dificultad, ya que la inmensa mayoría de estos actos habría ocurrido en 1973, en los primeros meses tras el quiebre democrático, pero no una imposibilidad. Comprendo el estupor y la indignación de las víctimas ante esta aparente realidad de la "Comisión Valech" de "tortura sin torturadores". Me pregunto si el dinero público dedicado a financiar pensiones vitalicias a las auto declaradas víctimas no estaría mejor usado en subsidiar los gastos de este proceso judicial (tanto de acusadores como acusados, ya que la presunción de inocencia inicial rige para todos) y mejorar las normas procesales para que se haga, de una vez por todas, justicia en esta materia; b) Una vez cerrados los casos judiciales, la sociedad debería ejercer algún grado razonable de clemencia a través del proceso democrático, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores; c) Alentar un debate cívico con altura de miras e intenciones, respetuoso de las motivaciones de todos, y riguroso en su lógica y premisas. que permitar desentrañar las causas profundas que permitieron la tortura, sus consecuencias humanas, sociales y políticas, y proponiendo políticas públicas para que ello nunca más vuelva a suceder. Quizá alguna universidad o centro de estudios podría establecer una comisión altamente representativa de la sociedad civil que produzca un informe riguroso y amplio sobre la violencia política en el Chile de la segunda mitad del siglo 20.

7. En fin, esta es mi verdad. Aclaro que la expreso con humildad, ya que estos temas son extraordinariamente complejos, sensibles y delicados. Y la ofrezco conciente de que ella es imperfecta y sujeta a clarificaciones y perfeccionamientos. Pero intuyo que estos son los derroteros de la amistad cívica, el derecho y la caridad.