DERECHOS HUMANOS: ¿Y EL FUTURO CUANDO?
Por José Piñera (Revista Hoy, Junio de 1991).
En materia de derechos humanos se equivocan no sólo quienes desean eludir el tema, por lo que ocurrió en el pasado, sino también quienes lo abordan sin ninguna proyección futura. El pasado es importante, no hay duda, y es explicable que el debate haya estado orientado hacia allá tras el restablecimiento de la democracia. Pero, por varias razones, a estas alturas el futuro exige tanta o mayor prioridad.
De partida, para que los abusos no vuelvan a ocurrir. Además, para que nadie vuelva a pensar que los derechos y libertades individuales son prerrogativas formales.
También, para que nuestra democracia y todos los chilenos asumamos como artículos de fe los valores de la persona y de su libertad y para que aprendamos a anteponer siempre estos valores -sí, siempre- a cualquier otro interés o causa, por importante que nos parezca: la patria, la revolución, el orden, la justicia.
Como lo enseña el liberalismo, la mejor manera de reconocer la dignidad de la persona es reivindicando las libertades que le corresponden. Eso supone más -ojalá mucho más- libertad de expresión, de credo, de asociación, de trabajo, de empresa, de educación... Que cada cual pueda vivir según sus propias opciones.
Pero eso supone, además, un efectivo margen de resguardo frente a los abusos o atropellos contra el individuo por parte de los poderes concentrados que operan en la sociedad: el estado, los monopolios, los grupos con sus presiones colectivistas, las mayorías circunstanciales y sus caprichos.
Cuando la autoridad se antepone al individuo, se debilita el sentido que en definitiva es la justicia: quien sirve una responsabilidad pública en realidad está para servir a la comunidad; en ningún caso para ser servido. Las más sanas prevenciones de orden político hablan de la necesidad de un amplio y laborioso sistema de contrapesos en la distribución del poder dentro de la sociedad. Nada positivo sale de la concentración del poder.
Tampoco es sano que los derechos no estén bien balanceados con los deberes. No es recomendable, en fin, que las facultades de la autoridad no tengan su reverso en responsabilidades penales y civiles perentorias, por los daños que puedan ocasionar en el ejercicio de su cargo.
¿Se le está dando prioridad actualmente a estos asuntos? ¿Se ha presentado un buen proyecto para establecer de una vez por todas tribunales administrativos en nuestro país?
¿Por qué a la hora de hablar de reforma de la justicia se insiste tanto en las instancias superestructurales y tan poco en las armas que tiene el ciudadano para colocarse a cubierto de una detención arbitraria, de un apremio ilegítimo, de una investigación tributaria de mala fe o de una acusación infundada?
¿Servirá un nuevo funcionario público, el "defensor del pueblo", que algunos han planteado, para defender al individuo común y corriente, que es lo que se necesita?
¿No será que en este país el individuo de la calle y sin santos en la corte está demasiado indefenso, demasiado expuesto, ante los arbitrios de los agentes del poder -ante el funcionario y el policía, ante los caciques gremiales y los caciques políticos, ante el inspector administrativo y el gendarme- precisamente porque existen demasiados "defensores del pueblo"?
Los derechos humanos no se defienden con conceptos abstractos. Se defienden resguardando menos al "pueblo" y más a los individuos. ¿De qué modo? Entregando de verdad medios materiales y legales a la gente de carne y hueso para que ella misma pueda hacerse respetar. Menos para los defensores y más para los defendidos.
